El Diario de los Juicios en Córdoba

miércoles, 23 junio, 2121

La continuidad de los juicios, una carrera contra el tiempo

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En la tercera audiencia declararon Julia Soulier y Sebastián Soulier de manera presencial en el recinto, mientras que Jorge Arias y María Livia Cuello lo hicieron de forma remota. Facundo Trotta fue designado como Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los procesos
por delitos de lesa humanidad se multiplicaron en el país, haciendo de la Argentina un ejemplo en el mundo. Pese a las dificultades que se sortearon en más de una década de continuidad procesal, las políticas de memoria, verdad y justicia se mantuvieron como una política de Estado incuestionable, recibiendo el beneplácito de la mayor parte de la sociedad argentina. Las estadísticas advierten una curva ascendente que alcanzó un pico de 25 juicios finalizados en los años 2012 y 2013, para luego descender en modo constante, hasta llegar al pico más bajo en este 2017. Según datos del Ministerio Público
Fiscal, desde el 2006 hasta octubre de este año se dictaron 193 sentencias por las que fueron detenidas 1064 personas. 533 están en prisión domiciliaria y 449 en cárceles federales. También hay 38 prófugos, mientras que 754 están procesados.

De un tiempo a esta parte, algunos discursos que parecían haber quedado en las etapas más oscuras del pasado reciente resurgieron con la intención de instalarse en la escena de la discusión pública. Pese a eso, los procesos continuaron y las estrategias para acelerarlos ingresaron en un terreno de tensiones complejo, donde se combinan intereses políticos, factores coyunturales, pases de factura y un aparente “viraje” jurisprudencial.

Hace un mes, la Cámara de Casación Penal anuló las condenas al empresario Marcos
Levín. Así, la primera condena a un cómplice civil quedó suspendida en un fallo en el que, incluso, se cuestionó a los testigos que relataron la presencia de Levín en el lugar de las torturas. Un par de semanas atrás, la Cámara Federal ordenó la liberación de ocho policías procesados por crímenes cometidos entre 1976 y 1977 argumentando que pudieron no reconocer su accionar delictivo. En la causa, se probó que los disparos efectuados por los acusados provocaron la muerte de todas las víctimas. Todas recibieron tiro de gracia,
todas fueron fusiladas y acribilladas.

¿Qué pasará con los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país?

“La Justicia de Córdoba ha seguido una conducta digna” – Gustavo Tissera (Familiares de Desaparecidos de Córdoba)

La situación de derechos humanos en la Argentina pinta muy fea, más allá de los juicios. Al día de hoy, tenemos presos políticos y una desaparición forzada seguida de muerte sin esclarecimiento. Todo indica un retroceso. Hay gente del partido gobernante que está tratando a los genocidas como si fueran unos pobres ancianitos que tienen que irse a su
casa. Dicen que han sido condenados sin pruebas y cosas por el estilo. Sin duda ese pensamiento representa a un sector de la sociedad (y también del gobierno) que quiere retroceder. Pero también estamos las organizaciones sociales para evitar que eso suceda.

Vamos a luchar contra viento y marea para que esto no se detenga.

En Córdoba. La Justicia de Córdoba ha seguido una conducta digna. A tal punto que ha juzgado a sus propios pares y sigue juzgando a los responsables del genocidio. Pero también tenemos que decir que a nivel nacional hay fallos que preocupan. Finalmente, pareciera apropiado decir que Córdoba es un caso especial con particularidades únicas. Esperemos que, en este aspecto, Córdoba siga siéndolo y se sigan desarrollando los juicios como hasta ahora.

“Tenemos que pensar estrategias para acelerar los procesos” – Mariano Fridman (Programa Verdad y Justicia. Sec. de DDHH de la Nación)

Un compromiso de la Secretaría es continuar y profundizar las políticas de memoria y justicia, que son la base fundamental de los juicios por delitos de lesa humanidad.
Esto se pone de manifiesto en las 222 causas que nos tienen como querellantes a lo largo del país. Ese número ha crecido en comparación con 2015. Por ejemplo, la Secretaría es querellante en las dos causas que se le siguen a Milani, que antes no estaban.

El programa Verdad y Justicia hace un seguimiento exhaustivo de los procesos en curso, desde el contacto con los testigos- víctimas hasta los informes de cada causa particular. Esto se complementa con otras tareas que realiza la Secretaría en cada una de sus áreas, que tienen que ver con la comprensión del universo de los DDHH desde diferentes problemáticas de la actualidad.

Dificultades. Una preocupación es la dificultad que tiene la Secretaría para conformarse como parte querellante en diferentes puntos del país, ya que no hay abogados en todas las juridicciones. Atendemos ese problema y buscamos solucionarlo.

Demoras. Hay problemas con el funcionamiento de la Justicia en general. La celeridad (o no) de los procesos tiene que ver con los cuellos de botella que genera el propio sistema. Puntualmente, se relaciona con las formas de elevación a juicio de las causas. Si se clasifica por centros clandestinos o por planes sistemáticos, por ejemplo. Si se analizan los picos y descensos en la cantidad de casos de los últimos años, se verá que eso no responde a cuestiones políticas, sino a la forma en que se constituyen los tribunales.

Los casos se elevan, pero cuando las causas se empiezan a acumular, los juicios que ya estaban para arrancar se demoran. Eso es un problema porque la realidad es que ya no hay mucho tiempo para seguir esperando. Tenemos que pensar estrategias para acelerar los procesos, para pensar cómo evitamos que los factores externos y que tienen que
ver con la vida interna del Poder Judicial dejen de interferir. La perspectiva de acá en adelante debería ser esa.

“Vivimos un panorama complejo y cargado de tensiones” – Alan Iud (Abogado de Abuelas de Plaza de Mayo)

Uno de los aspectos más preocupantes es que por primera vez en los últimos 20 años hay una ofensiva mediática muy fuerte en contra de los organismos de DDHH, que encuentra cierto eco en funcionarios públicos y personas relacionadas con el oficialismo. Eso preocupa por el efecto que genera en la opinión pública y por su repercusión en la Justicia.

En lo que respecta a los juicios, vemos que hay una notoria ralentización. También aparecen fallos muy preocupantes de instancias como la Cámara Federal de Casación Penal, que se hace eco del discurso de la teoría de los dos demonios y de cierta relativización del terrorismo de Estado. Hay sentencias absolutorias que no se basan en la falta de pruebas, sino en la idea de que quienes actuaron lo hicieron para defender al país de la subversión. Esto lo empezamos a notar también en sentencias de tribunales orales que han dictado absoluciones bajo el argumento de lo que en Derecho se conoce como “error de prohibición”.

En términos coloquiales, eso quiere decir que las personas que cometieron los crímenes no pudieron comprender que su conducta era delictiva. Eso es una forma de reintroducir la obediencia debida de una forma solapada. Ya no se dice que recibieron órdenes, sino que por recibir órdenes no comprendieron que estaban cometiendo crímenes.

Que eso se aplique a casos de secuestro y de tortura es demasiado preocupante. El punto más alto de todo esto es el fallo de la Corte, el fallo del 2×1. Esa jurisprudencia no fue abandonada por la Corte, aunque por suerte eso no se replicó en fallos de tribunales inferiores, hubo un gran repudio popular y eso, incluso, se replicó en un proyecto de ley en el Congreso.

Es un panorama complejo cargado de tensiones, donde la sensación es que los organismos de DDHH están obligados a estar permanentemente a la defensiva.

Dificultades. La lentitud de la Justicia siempre estuvo presente, pero creo que desde la asunción del presidente Macri eso se profundizó por la proliferación de discursos que van desde el negacionismo hasta la relativización del terrorismo. Ese mensaje llega a los jueces que lo decodifican planchando las causas. Además, si no hay un actor político de peso
empujando esos procesos, el resultado es el estancamiento.

Continuidad. No hay que menospreciar que las autoridades públicas sigan
diciendo que los juicios deben seguir siendo una política de Estado. Ahora bien, hay una serie de medidas que no se condicen con eso. Hay programas que han sido cerrados, como la dirección de derechos humanos del Ministerio de Seguridad y la del BCRA. Y otros cuyos alcances han sido diluidos, como el centro que proveía asistencia psicológica a las víctimas de crímenes de lesa humanidad que ahora amplió su competencia a las víctimas de otros delitos, sin incorporar personal. Nadie dice que esas víctimas no merezcan apoyo estatal, pero si se hace con los mismos recursos no termina siendo conveniente ni para uno ni para otros. De todas formas, es cierto que los juicios continúan. Hay que advertir que eso es cierto aunque nada es tan lineal, ya que hay políticas que se contradicen con las políticas que se pregonan.

“Hay que definir quién sigue instruyendo causas en Córdoba” – Claudio Orosz (Abogado querellante por H.I.J.O.S y Familiares Cba.)

En Córdoba hay un inconveniente que pone un signo de interrogación sobre la continuidad de los juicios. Es la indefinición con respecto a las numerosas causas que se están instruyendo, promovidas por Graciela López de Filoñuk en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del doctor Vaca Narvaja, quien ha sido recusado y luego confirmado en la Cámara Federal en esa instrucción. Pero sucede que cuando esas causas llegan a juicio, en los tribunales orales se ha decretado la nulidad de su intervención porque no cumpliría con la imparcialidad que exigen la Constitución y la Convención Interamericana de DDHH (CIDH).

Es una situación compleja que llegó a manos de la Corte Suprema de la Nación, y aún no
se ha resuelto. Nosotros conocemos la idoneidad, la hidalguía y la capacidad profesional del juez Vaca Narvaja, pero tenemos la certeza de que el problema se dará si esta situación llegase a una instancia internacional. La CIDH es clarísima con respecto a la imparcialidad y la independencia de los jueces. Procesalmente hablando, este es el principal inconveniente
que, de ser saldado, allanaría el camino hacia nuevos juicios. Si tomamos el ejemplo de estos años de lucha, sabemos que nadie es imprescindible. El juez debe ser removido y debe aceptarlo con humildad.

Dificultades. El sistema judicial es el más aristocrático y menos democrático de todos. Tiene un timming con respecto a los contextos políticos que es admirable. Más allá de honrosas excepciones, se están sucediendo hechos increíbles. En La Rioja se auto apartaron dos jueces porque “están cansados de intervenir en estos juicios”, una verdadera locura. Ese es un ejemplo, pero hay fallos muy preocupantes que han llegado hasta la Corte Suprema, que esperamos mantenga los criterios utilizados durante todos estos
años y no se impongan otros nuevos.

Continuidad. En el área jurídica de la Secretaría de DDHH en la que participamos,
tenemos reuniones periódicas para seguir todas y cada una de las causas. No ha habido hasta ahora ningún indicio que permita suponer que eso va a cambiar. Son todas causas en las que ya se había comenzado a trabajar, incluso la Secretaría tuvo participación en instancias de casación contra el fallo del 2×1. Fue una decisión del área jurídica nacional
sin que haya habido una indicación en sentido contrario. Más allá de lo que opinen políticamente las autoridades de turno, el conjunto de los abogados que venimos trabajando desde otras administraciones no tuvimos ninguna advertencia que suponga algún parate.

“Más allá del momento político, el crimen es el mismo” (Fiscal Federal de Córdoba)

Lo primero que debe advertirse es que los juicios continúan. Después de la Megacausa La Perla, en Córdoba se llevó adelante el proceso que juzgó a ex funcionarios judiciales, e inmediatamente ya ha comenzado otro. Al menos en la jurisdicción de Córdoba, yo no advierto una merma. Por otro lado, uno encuentra fallos de instancias superiores que antes no existían y ahora aparecen de modo preocupante.

Hay elementos claros y hechos probados en contextos de terrorismo de Estado que son considerados de modo diferente. Parece que se usan otros criterios, que llevan a descartar la existencia de crímenes en situaciones en las que son evidentes. Son llamados de atención, aunque no puedo afirmar a qué responden dichas decisiones.

Si uno piensa que los jueces están fallando distinto porque hubo un cambio de gobierno, tiene que pensar que antes (o ahora) estos jueces están haciendo mal su tarea y no están actuando conforme a la ley, sino de acuerdo con el clima político. Lógicamente que la pregunta que surge es por qué ahora parece modificarse el criterio.

Y cuesta entenderlo, porque desde que la Corte falló en torno a la imprescriptibilidad
de los crímenes de lesa humanidad, el criterio ha sido uniforme. No puede ser que porque cambia un presidente cambien las consideraciones con respecto a lo que es un delito de lesa humanidad. Antes y ahora, el crimen juzgado es el mismo.

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